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Niños, Niñas y Adolescentes en contexto de encierro: “Tierra de nadie”


El Centro de Recepción de menores La Plata aloja desde el año 2006 hasta la fecha a chicos detenidos, muchos de ellos sin una condena firme, siendo un edificio que nunca estuvo pensado ni preparado para tal fin. Dos años más tarde, el Comité Contra la Tortura, un organismo estatal de supervisión, ingresó al lugar y realizó un Habeas Corpus colectivo exigiendo el cese inmediato de varios sectores por considerarlos “inhumanos” y exige la revisión de muchas conductas carcelarias para la aplicación de un régimen de encierro en dirección con las políticas nacionales e internacionales sobre los Derechos Humanos de los privados de libertad, que garantiza la educación en contexto de encierro y promueve las garantías de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho.

Hoy a tres años del fallo, frente a la inacción judicial, se continúan violando los derechos de los privados de libertad. Por este motivo existen 7 denuncias por delito de desobediencia y adulteración de documentos públicos, elevadas por el Juez Fabián Casivio, magistrado del Juzgado de Garantías del Joven N° 2 de esta ciudad. 

Por Juan José Bayinay, Melisa Morini, Antonella Mataloni, Rolando Canelo y María Paz Padilla

¿Quién desobedece la sentencia del Juez?

El Centro de Recepción La Plata está ubicado en calle 63, entre 2 y 3, en la capital de la provincia de Buenos Aires. Desde afuera se ve una casa antigua en remodelación, escombros de hace meses, sin avances. En la base de las paredes que dan a las veredas se ven ventanas enrejadas; allí están las oficinas del subsuelo. Más atrás, sin la luz del sol, están las 8 celdas dividas en cuatro pabellones, y cada celda tiene cuatro camastros de cemento pegados contra la pared, en total suman 32 lugares. Para empezar el Juez Casivio ordenó un cupo máximo de 35 internos, y la población no baja de 45 internos.

De esta manera el Director del Centro de Recepción La Plata, Jorge Carlo, continúa recibiendo internos ydesobedeciendo el cupo máximo estipulado por el magistrado que lo regula (infracción tipificada en el Código Penal en el Art. 239, que define como delito la desobediencia a la autoridad presuponiendo la existencia de una orden concreta, con destinatario específico, en este caso, así como los artículos 237 a 281 bis, tipifican que incurriría en este delito toda persona que desobedezca la ejecución de una sentencia judicial cualquiera sea el Juez que la dicte y / o la orden legal y legítima de cualquier funcionario público (policía, fiscal, etc.) con competencia en sus funciones).

Como vemos los números no cierran por ningún lado. “Cuando entré acá en 2009 los chicos estaban un poco hacinados, hoy estamos en 45 chicos, entre 45 y 50 chicos” retruca el director del centro Jorge Carlo.

¿Quién vulnera el derecho a la educación?

Producto de la Ley N° 13.634, promulgada por Daniel Scioli y aprobada en el 2007, se responsabiliza al Ministerio de Desarrollo Social de formular, coordinar y ejecutar, políticas, programas y medidas destinadas a prevenir el delito juvenil, entre estas responsabilidades, incluida la educación. La encargada de llevar adelante esta tarea en el Centro de Recepción, es Laura Galván, quien depende de la Sub Secretaría de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo Social.

En el año 2008, el Comité contra la Tortura presenta el Habeas Corpus, denunciado las pésimas condiciones de infraestructura, hacinamiento, maltrato e insalubridad. Al respecto, Alicia Romero, abogada miembro de dicho organismo y encargada de las visitas sorpresivas a los centros de encierro de la provincia, afirma: “Los chicos estaban encerrados las 24hs durante meses, con la posibilidad de ir al patio una hora por semana, lo mismo que la escuela una hora por semana y sin lugar específico”.

Marta Ivanovich, inspectora de la enseñanza de la modalidad adultos, cuya área de supervisión involucra escuelas en lugares de encierro, considera que el centro de Recepción La Plata,”no reúne todas las condiciones edilicias para que se pueda garantizar la educación, hay recintos muy reducidos, como oficinas”. Además difo “no se pueden instalar situaciones de clase con grupos numerosos en contextos de encierro, no se puede juntar a 10, 15 o 16 alumnos”.

Sin embargo reconoce: “Los chicos deberían recibir tres horas de clase diarias, pero tienen en realidad una hora y media, por el mismo tema de dividir en tantos subgrupos”, esto sumado a que “ las autoridades del Centro arman un programa donde determinan cómo concurren a clase los alumnos y generalmente, alegan cuestiones de seguridad de control sobre los cuerpos”.

Docentes del Centro explican que ellos “prestan un servicio” a la Sub secretaría, por lo tanto la educación planteada de esta manera pasaría a ser un servicio tercerizado y así se desvincula al Ministerio de Educación de garantizar la educación pública en contexto de encierro. ¿Cabe pensar que derivar la responsabilidad de cumplir este derecho a otro ministerio ya sería un acto discriminatorio?

A raíz de esta situación los derechos de los internos que se están vulnerando son el derecho a la educación amparado por la Ley de Educación Nacional N° 26.206, Capitulo XII “educación en contextos de privación de libertad” (arts. 55, 56, 57, 58 y 59) y la Ley Provincial de Educación N° 13688, (arts. 1, 16, 39, 40 y 88); y la concepción de Niño, Niña y Adolescente como sujetos de derecho amparados por Ley N° 13.298 de Promoción y Protección de los Derechos del Niño (arts. 43, 46) y la Ley N° 26061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Alberto Mendoza, miembro de la Secretaría de Derechos Humanos de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata, explica que el problema de la inexistencia de políticas institucionales que garanticen un espacio cognitivo para los internos, sumado a que “pasan todo el día encerrados mirándose las caras”, se traduce en una cifra esclarecedora: “el 80% de las personas privadas de su libertad, estuvieron en Centros de Menores”.

Además cuenta que en 2008 se presentó un habeas corpus desde el Juzgado de Garantías del Joven N°2 de La Plata donde se solicitaba que la Sub secretaría de Niñez y Adolescencia, encargada de llevar a cabo la educación pública en contexto de encierro, trabajase en conjunto con la Universidad Pública.

¿Quién incumple sus deberes de funcionario público?

Si bien las denuncias elevadas por el magistrado a cargo sobre el delito de desobediencia a la autoridad, dirigida a las autoridades del Centro de Recepción La Plata, la causa se encuentra estanco y el fiscal a cargo de dicha investigación es Jorge Paolini.

Pero siguiendo la lógica de cualquier trabajo, si no cumplo con las responsabilidades que me son encomendadas y nadie me sanciona, entonces seguiré siendo ineficiente, al respecto el abogado Pedro A. Navarro explica: ” el “Incumplimiento de los deberes de funcionario público”, es un delito contemplado en el Código Penal de la Nación (Art. 249, que reprime al que revistiendo tal calidad “ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto de su oficio”) y agrega “además la actividad de los fiscales también está regulada por la Ley N° 12.061 de la Provincia de Bs. As. (Art. 13 sobre la atribución del Procurador y Subprocurador General, es causal de destitución en principio y/o de enjuiciamiento el mal desempeño en sus funciones)”.

Si bien el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público es muy amplio, habrá que ver y considerar cada caso en particular, según el sentido común y la recta prudencia tal cual se desempeñaría según la jerga jurídica, los fiscales en principio deben ser “un “bonus pater familiae” (un buen padre de familia según el aforismo del antiguo derecho romano) es decir como se comportaría un hombre común medio según las circunstancias, la ley y la sana prudencia”, explicó Navarro.

Además agregó que el cargo de funcionario público tiene el agravante de que debería velar por el bien común y desempeñarse impecablemente en su actividad. En el caso de delito por omisión “no promover la acción penal (perseguir penalmente a alguien sospechado de comisión de un delito) es una omisión y un “dejar de hacer”, una desidia”.

A su vez Jorge Carlo, Director del Centro de Recepción, comete “contravenciones (o infracciones) que son competencia de las provincias a través de sus códigos municipales y de faltas, pueden aplicar una pena leve a personas jurídicas por ejemplo la clausura del establecimiento, estas contravenciones municipales con competencia del Juez de paz o de faltas tienen pena solamente: de arresto hasta 60 días máximo, decomiso, clausura y multa”, explicó Navarro.

Encerrar la Niñez en “Jaulas Humanas”

El Comité contra la Tortura constató durante el 2008, que en el centro de recepción La Plata había 52 jóvenes; todos eran encerrados en estos 4 sectores o pabellones. Dos de estos sectores -el Celeste y Circuito – tenían dos celdas cada uno, todas ellas sin mesas para comer ni camastros para dormir, lo que hacía que los chicos durmieran dentro de una caja vacía en el suelo en colchones que eran entregados luego de las 22hs, por motivos de seguridad. El llamado “Celeste”, en una de sus celdas no tenía luz artificial.

En el otro sector “sector Circuito” las dos celdas eran sofocantes, además de sin cama y sin mesas, sin ventanas y una de ellas sin baño, haciendo que los chicos detenidos orinaran durante las horas de sueño en una botella de plástico.

Estos dos sectores funcionaban como lugares de castigo y de “recepción” para los recién ingresados. Vale aclarar que aún hoy, cuando un chico ingresa se lo aísla durante cinco días para su “adaptación”. El fallo del juez Fabián Casivio de minoridad dictaminó el inmediato cierre de estos dos sectores considerándolos “jaulas humanas de condiciones inhumanas”.

Siendo que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los artículos 5 y 7, establece que el espacio necesario por persona en contexto de encierro responde a los 7 metros cuadrados, además de prohibir completamente la tortura entendida en sentido amplio.

El porqué del hacinamiento

En el habeas corpus del Comité se denunciaban falencias del sistema penitenciario, consecuencias en parte del sistema judicial; ya que se observó la existencia de chicos no punibles, es decir menores de trece años detenidos en el centro de recepción, muchos de ellos ya habían superado los dos años de alojamiento en el Instituto sin una sentencia firme que los condenara al encierro.

La Justicia antes de emitir una sentencia firme sobre un chico o una chica (inocente o culpable) puede tomarse un plazo de 180 días para evaluar el caso, es decir medio año, y si aún no resolvió el dictamen otro plazo final de 180 días más. Se viola por completo la regla normativa y las autoridades responsables justifican el alojamiento por los plazos judiciales.

La seguridad como concepto central

Dentro del Centro de Recepción de La Plata las prácticas no concuerdan con los cánones nacionales e internacionales sobre los Derechos Humanos. “El habeas logró primero que se visualizará la situación, no se terminó el hacinamiento pero si que tengan más recreación, acceso semanal a la escuela, que se modifique la requisa que se le hacía a los familiares que eran muy vejatorias y se logró que ahora puedan hablar por teléfono con sus familiares con privacidad” explica Alicia Romero.

En los institutos cualquier derecho se encuentra subyugado al concepto de seguridad, “toda acción se piensa desde un sentido particular de la seguridad y en la actualidad a pesar de esa lógica hegemónica, hay pequeñas batallas ganadas contra la cultura institucional del encierro”, afirma Romero.

¿Seguridad? 

Un ejemplo: El asistente de minoridad (o mejor dicho “maestro” como se llama o se hacen llamar los guardias allí dentro) antes entregaban los colchones adentro de la celda recién a las 22hs, porque en alguna pelea durante el día se podían prender fuego. Vale aclarar: esos colchones eran de espuma plástica (poliuretano) y por lo tanto se prenden fuego con rapidez. Hoy, por disposición del fallo de Casivio, al menos hay una colchoneta ignífuga (no inflamable) todo el día en la celda.

Algo similar sucede con la educación. Claudia es maestra de primaria en el turno matutino del Centro de Recepción. En su clase hay cinco chicos, dos son de segundo ciclo (5to grado) uno de tercer ciclo (8avo) y el otro todavía está en lista de espera, “hace pocos días llegó y todavía no se sabe si se va a quedar acá o va a ir a otro instituto”, afirmó la docente.

El quinto alumno es Gustavo, tiene 17 años y este año le detectaron graves problemas de aprendizaje porque tiene capacidades diferenciadas. “Hace dos años que está encerrado acá y este año empecé a dictar media hora exclusiva con él” explica Claudia. Si bien las clases son diarias, los tiempos adentro del salón se subordinan al orden: “Trabajo por pabellón, no puedo mezclarlos por seguridad, divido la clase en 3, cada ciclo 45 minutos y al final Gustavo”.

Si bien, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en su resolución sobre Principios y Buenas Prácticas sobra la Protección de las Personas Privadas de la Libertad, con respecto a la educación dice que “la enseñanza primaria será gratuita para las personas privadas de libertad, en particular para los niños y niñas”; la primaria del Centro de Recepción La Plata, cuenta con 4 maestras que dependen de la Dirección General de Escuelas y que brindan un servicio al Ministerio de Desarrollo Social.
Una de las diferencias con la educación pública en contexto de libertad, es que los educadores y educadoras, no poseen directivos sino que tiene un “coordinador regional que suele pasar alguna vez”, afirma una maestra que prefiere reservar su identidad.

Recordemos que Laura Galván es quien permite que sólo asistan dos maestras por turno -tarde y mañana-, y junto con Jorge Carlo, admiten que el Centro de Recepción tenga solo 2 aulas y una panadería que funciona “como” aula durante el turno vespertino para el secundario, sumado a incrementar el hacinamiento entre los internos. Por último el Fiscal Jorge Paolini parecería no avanzar con la investigación sobre este delito de desobediencia a la autoridad.

Finalmente Alberto Mendoza cuenta que este año se armó un equipo multidisciplinario con estudiantes y graduados de Periodismo, Trabajo Social y Derecho, para llevar a cabo el proyecto que surge a partir de la propuesta de  profesionales del Comité contra la Tortura, con el fin de trabajar en el Centro de Recepción La Plata, entre otras instituciones del mismo orden. “Si es aprobado se llevaría a cabo el año que viene bajo mi Co-dirección y la Dirección de Marcela Oyhandy, Licenciada en Trabajo Social”, concluyó Mendoza.

¿Podemos permitir que se sigan suicidando adolescentes en contexto de encierro como ocurrió en Lomas de Zamora? ¿Podemos permitir tal impunidad, ante la llana desobediencia de la palabra de los magistrados? ¿Podemos seguir hablando de “delincuentes” de trece años, cuando sin condena fija se los encierra por años en “jaulas humanas”? ¿Quiénes son los violentos y quiénes delincuentes? ¿Podemos permitir que en lugar de reinserción en la sociedad, los Centros de Detención de Menores sean lugares donde los internos adquieran una lógica carcelaria que los lleve al encierro perpetuo o alimente la delincuencia juvenil? ¿Podemos seguir hablando de tortura cuando prometimos Nunca Más?

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Categorías:investigaciones
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