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El herbicida de la discordia


En la ciudad de Saladillo, Provincia de Buenos Aires, se está desarrollando un hecho bastante particular. Por un lado se debate la salud y por el otro la economía regional. En el medio, el incumplimiento de la ley. El motor de esta historia es el Glifosato, un herbicida utilizado en las plantaciones de soja transgénica que algunos endiosan y  otros mortifican.

Por Silvana Eid Martínez, Leonardo Emilio Kiuan, Romina Lambert, Alejandro Olivero y María Alicia Vena

El cultivo de soja en la Argentina representa, hoy en día, la principal producción agrícola. Este modelo no es nuevo, sino que se ha venido gestando desde la segunda mitad de la década del ´90. Y en la ciudad de Saladillo, localidad bonaerense que se sitúa a 200 kilómetros de la capital provincial, la soja también manda entre los cultivos. Con una población cercana a 40.000 habitantes, esta localidad agropecuaria basa su economía en dicho producto.
A la hora de proteger al cultivo de las malezas que produce el suelo, es ahí donde empieza la polémica. Al sembrar soja, se utilizan herbicidas de diferente porte químico que justamente sirven para otorgar un mayor rendimiento pero que causan contaminación. El más usado y el que genera mayor controversia es el glifosato.
Introducido en el mercado a mediados de 1983 como una nueva sustancia, el glifosato es un herbicida de amplio espectro, no selectivo y  que se utiliza para la matanza de hierbas. Este mismo está acompañado de la semilla transgénica de soja que es resistente al glifosato. La semilla de soja genéticamente modificada posee un gen que le permite resistir a dicho herbicida en el proceso de fumigación.
Si bien el glifosato no es más tóxico que otros agroquímicos, Santiago Sarandon, Titular de la Cátedra de Agroecología de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Plata señala que “el problema no es la molécula del glifosato, sino el uso masivo y eso es lo que nosotros desde la agroecología señalamos: el uso indiscriminado de cosas artificiales, que aparentemente son inocuos en el ambiente”. Esto se da en el marco de las 16.000.000 de hectáreas, que hoy están cultivadas con la soja transgénica en nuestro país.
Con el auge de la soja las grandes empresas de semillas empezaron a introducir variaciones genéticas en las mismas para lograr un mayor rendimiento en la cosecha. Así la empresa multinacional Monsanto, una de las pioneras en interesarse en esto, lanzó al mercado hace ya más de dos décadas, su producto llamado Roundup, que contiene glifosato. Distintos informes denuncian que este producto, además de degradar el suelo, traería como consecuencia problemas de salud en la población.
Hay investigadores y científicos que afirman esto. El ejemplo mas revelador es el documental titulado “El mundo según Monsanto”, de la francesa Marie-Monique Robin, que se atreve a pronosticar que este herbicida no sólo es contaminante sino que además trae aparejado malformaciones genéticas y causa cáncer de distintos tipos. Así también lo cree Leda Gianuzzi, Doctora en Ciencias Químicas, profesora de la Cátedra de Toxicología de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP y a cargo de la cátedra libre Soberanía alimentaria: “La exposición por el pulverizador, trae problemas dérmicos, edemas en la piel, reacciones alérgicas, problemas respiratorios, afecciones renales, afecciones en la presión, en el sistema hematopoyético, destrucción de glóbulos rojos, afecciones hepáticas. Y a largo plazo, puede ser cancerígeno, puede ocasionar abortos y malformaciones en niños”. Y aún más, afirma que “al quedar adherido en agua y al tener una muy amplia movilidad, es muy probable que estemos consumiendo glifosato en los alimentos a niveles mayores que los permitidos”.
La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, a través de los legisladores, también ha estado contemplando pedidos de informes y proyectos de restricción de este producto (ver cuadro de contextualización).

El caso Saladillo
Ante esto, las autoridades de Saladillo pusieron en circulación la Ordenanza Municipal Nº 77/08 que prohíbe la utilización de agroquímicos en áreas consideradas urbanizadas. En dichas zonas no se permite realizar fumigaciones terrestres a menos de 500 metros de distancia de las viviendas y en el caso de las  fumigaciones áreas se pueden realizar solo cuando la distancia de las casas es a partir de 5000 metros. Esta norma se crea como un complemento a la Ley Provincial Nº 10699 que regula el uso de herbicidas.
La Ingeniera Agrónoma Mariela Incolla, directora de Gestión Ambiental de la ciudad de Saladillo, explica el por qué de la implementación de esta ordenanza: “Nosotros teníamos desde hacía mucho tiempo varias denuncias de gente que por ahí le fumigaban al lado de sus casas y tenían inconvenientes en la salud como problemas de asma o cuestiones puntuales en el momento de la aplicación de los agroquímicos, o también que le habían matado alguna quinta por la fumigación en zonas muy cercanas. Todas estas cuestiones llevaron a que redactáramos una ordenanza, estuvimos cerca de tres años trabajando en diferentes aspectos para complementar la ley existente y para dar respuesta a los inconvenientes que veníamos teniendo en la localidad. La idea es que estos campos no se cultiven con agroquímicos y que se realicen otro tipo de cultivos u otro tipo de actividades agropecuarias”.
Sin embargo dicha normativa, a pesar de tener un año de vigencia, continúa sin ser tenida en cuenta por los productores de campos de esta localidad, los cuales siguen aplicando glifosato en sus plantaciones.
Alberto Aguirre, miembro de la organización ambientalista ECOS, atribuye el incumplimiento de la norma a una falta de información por parte de los ciudadanos saladillenses: “es necesario concientizar a la gente sobre los reales peligros que trae aparejado el modelo agrícola que promueve en el país la siembra intensiva de soja. Para revertir los inconvenientes generados a raíz del monocultivo queremos que se implementen otros modelos de producción en donde no se utilicen agroquímicos. Por eso es que insistimos en que es importante que las fumigaciones no se hagan en áreas cercanas a las escuelas rurales, ni a barrios ni a la gente”.
José Trentino, Director de la Producción manifestó, en el marco de diferentes reuniones que realizaron instituciones agrarias como el INTA, FAA, Cooperativa Agrícola, SRA y el grupo Ecos, que “la  modificación que se ha propuesto es la de capacitar a aquellas personas que luego conduzcan aplicadores de agroquímicos, no sólo en cuanto al manejo y manipulación de los productos, sino también en cuanto a las distancias que debe respetar”.
En el caso de Nicolás Orden, productor agropecuario de la zona, no niega la utilización del glifosato en sus campos que se encuentran dentro del área urbana. Y además hace un análisis de la situación: “Los agroquímicos se han convertido en un insumo básico en la agricultura que hacemos en nuestros campos. El dejar de usarlos significaría una reducción en los rendimientos, y aumentaría la complejidad del manejo”.
En la misma línea, Manuel Rípodas, dueño de un campo en la ciudad opinó: “no se si se debería prohibirse porque es muy rentable la utilización de este (por el glifosato). Pero si debería ser modificado tanto en su carácter de toxicidad como en una nueva reformulación, porque es tanto el uso y abuso de este producto que ya distintas especies de malezas se están haciendo resistentes al producto. Esto lleva a tener que aplicarle otro producto más para que sea eficiente la aplicación. Hay productos que pueden remplazar al glifosato, pero no están a nuestro alcance. En todos los países desarrollados se encuentra restringido el uso del glifosato. Monsanto ha generado un monopolio tan grande, lo cual ha impedido que se puedan ver otra gama de productos”.
Los perjuicios económicos para los pequeños productores de Saladillo, luego de la aprobación de la ordenanza, serían devastadores de cumplirla al pie de la letra. Por esa razón la norma no es tenida en cuenta, y las fumigaciones aéreas y terrestres junto con los vehículos “mosquito” no se vieron modificadas.
La explicación y justificación de la utilización del glifosato de estos y otros productores consultados es que la prohibición es excesiva, porque bajo un uso racional este producto no sería dañino a la población. Aunque ya hemos vistos opiniones totalmente opuestas y que ponen en tela de juicio al producto en todos sus niveles.
Ante este testimonio de los productores agropecuarios Mariela Incolla, la directora de Gestión Ambiental, también deja ver lo complejo que se le hace al estado municipal para controlar que esta ordenanza que prohíbe la fumigación se cumpla: “En primera instancia lo que estamos haciendo es notificar si encontramos a alguien que esté incumpliendo la normativa. Es bastante difícil la inspección por el hecho de que estamos hablando de la zona rural, por lo que tenés que estar todo el día con los inspectores dando vueltas. Si bien los tenemos es imposible llegar a estar todo el día en todos lados”.
Está claro que hay una franja oscura que se produce en esta historia y está dada por el cruce entre dos tipos de intereses diferentes. Hasta que no se pongan de acuerdo aquellos que producen soja, los científicos profesionales y las autoridades gubernamentales, esta problemática no estará resuelta. Y pareciera ser que va para largo rato.
La única certeza que hay, es que la Ordenanza Municipal 77/08 de la ciudad de Saladillo no se cumple. El debate ya está instalado.

Punto de vista legislativo
Uno de los poderes más importantes del sistema democrático se hizo eco de la nocividad del glifosato y de las consecuencias de su utilización en exceso o en condiciones inapropiadas. Tanto Legisladores nacionales como provinciales tomaron cartas en el asunto.
Desde el Congreso Nacional surgieron proyectos de ley impulsados por Diputados oficialistas buscando prohibir la comercialización del glifosato hasta que se compruebe que no es nocivo. Sin embargo, y a pesar que proyecto fue ingresado el 14 de agosto de este año, continúa en análisis dadas las consecuencias económicas que acarrea una posible prohibición.
Desde la Legislatura Bonaerense, se emitió un pedido de informes sobre los impactos y modificaciones que el glifosato causa en la flora y la fauna de lagos y lagunas. Este pedido nace en relación a investigaciones que arrojan como resultado que el herbicida no es inocuo; punto que contrariaría las conclusiones de la multinacional Monsanto.
El Diputado Provincial Pedro Simonini, oriundo de la localidad de Arrecifes, expresó: “yo como provengo de un pueblo agrícola, sé que el problema que tenemos es muy grande en el corto, mediado y largo plazo. Entonces habrá que trabajar con todos los organismos del estado y hacer una ley que reglamente”. Y agregó que es improbable que se prohíba el uso de glifosato porque es un tema que mueve mucho dinero e intereses, pero que es urgente comenzar a trabajar en el tema porque “los pueblos del interior tienen problemas de esclerosis múltiple por tener transformadores con PCB; tenemos chicos con problemas de cáncer que nunca habíamos imaginado, por uso de agroquímicos, y no solo porque estén volando sino también porque los estamos ingiriendo en los alimentos. Uno tiene que tener conciencia de eso, de que estamos acá por cuatro años, por lo menos para contribuir en que estas cosas no pasen más”.
Por su parte el Diputado Provincial Aldo Mensi enumeró las disyuntivas que nacen en torno al tema en la Provincia de Buenos Aires: “yo creo, primero que necesitamos ponernos ya a discutir el tema. Segundo, ver las alternativas que existen para encarar esto. Tercero, no olvidarnos de que el mundo nos está comprando ahora soja, pero cuando tengamos totalmente contaminado el suelo como está pasando en gran parte de Europa, ¿nos van a seguir comprando? Primera pregunta ¿va a seguir rindiendo nuestro suelo de esa forma? ¿No estamos haciendo envejecer la maquina de producción a parte de envenenar nuestras napas.
Es fundamental que lo pongamos en la mesa de discusión en un escenario político organizado, porque a veces vemos cosas en el mundo que suceden, temas florecientes y los dejamos pasar. Tenemos la obligación de trabajar en estas circunstancias y vamos a ir con muchas ganas, con mucho entusiasmo”.
La problemática, lejos de terminar, se profundiza por las diferencias entre bancadas y los intereses de las empresas que monopolizan el monocultivo de la soja en Argentina.

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Categorías:investigaciones
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