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Irregularidades en la bajada de la Autopista en Villa Elisa: impacto ambiental y peligro para los vecinos


Con su reapertura a principios de este año, la población aledaña se ha movilizado producto de las graves consecuencias sufridas, a nivel ambiental y respecto a la calidad de vida que ha ido en detrimento, debido al aumento del flujo vehicular que ha colapsado sus angostas calles.

Por Silvana Zoia y Leandro Pessoa

En el pasado mes de enero se reinauguró la bajada de la Autopista La Plata-Buenos Aires en la localidad de Villa Elisa, en el cruce de la Ruta Provincial Nº 19, camino a Punta Lara. A partir de ese momento los vecinos de la zona continuaron con los reclamos que venían sosteniendo desde 2002, año en que las distintas instituciones lindantes (bomberos, colegios, bibliotecas, sociedades de fomento, jardines de infantes y vecinos en general) en pleno diálogo se manifestaron contrarios a la apertura de dicha bajada debido a las consecuencias que aparejaba y los perjuicios que podía ocasionar.

Si bien el contrato original establecido con la constructora Coviares S.A. estipulaba la construcción de dos accesos, uno sobre la avenida 520 y el otro a la altura del Parque Ecológico Municipal, en la llamada “curva de la muerte”, la realidad es que esto jamás se cumplió y en su lugar se recurrió a habilitar la bajada en Villa Elisa, siendo que la misma había sido clausurada por el Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi) argumentando que no se hallaba en condiciones por la falta de obras de diversa índole, lo que la convertía en algo peligroso para la integridad y la salud de los vecinos.

En referencia a esto último, uno de los principales motivos por el cual se rechaza la bajada de Villa Elisa es lo referente al impacto ambiental que provoca en la localidad, pero en especial en los cuatro barrios que se ubican próximos a ella (Barrio Jardín, Militar, YPF y El Triángulo). En este sentido, el artículo 41 de la Constitución Nacional determina que “todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano“, y además establece que “el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley”.

Cabe destacar que lo enunciado por la máxima legislación de nuestro país ha sido ignorado por las autoridades nacionales, puesto que la reapertura de la bajada ha puesto en riesgo la vida de los ciudadanos a raíz del incremento en el flujo vehicular y las secuelas relacionadas a este hecho. La Dra. Alicia Ronco, geoquímica a cargo del Centro de Investigación de Medio Ambiente (CIMA), que funciona en la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP, explica que “lo que puede estar generando al haber más tránsito, es un mayor aporte de contaminantes por el tipo de vehículos. De eso no tiene que haber duda. El tránsito existía, y ahora lo que hacés es derivarlo a esta zona y al haber flujos, va a haber óxidos de los caños de escape, hidrocarburos, sustancias que antes no ingresaban en las concentraciones que uno hubiera esperado”.

Por su parte y ampliando lo expresado por la Dra. Ronco, el Magister Ingeniero Civil, Gerardo Botasso, quien dirige el Centro de Investigaciones Viales que tiene su sede en la Universidad Tecnológica Nacional, afirma que la zona en cuestión no se encuentra preparada para afrontar el caudal de tránsito actual, ya que no se hizo ningún estudio que evalúe cuál era la carga anterior y cuál es la carga actual. “Los pavimentos colapsan por un ciclo de trabajo que se denomina fatiga, el tránsito fatiga los materiales, pasa, pasa, pasa y los fatiga. Cuánto más lento pasa y cuánta más carga tiene, más deteriora el pavimento”. Según el encargado del LEMac, el tránsito rápido y liviano no lo estropea, mientras que el tránsito lento sí, porque el neumático al permanecer más tiempo en contacto con la calzada, al igual que la carga, lo daña.

Con la reinauguración de la bajada de Villa Elisa, los vecinos de la zona estiman que el flujo de vehículos aumentó considerablemente, pasando de 200 automóviles diarios a 3500 durante los días hábiles. Esto dificulta su cotidianeidad ya que la calle donde el acceso desemboca, es la única que poseen para llegar no sólo al centro comercial de la localidad, sino que a su vez deben emplearla para arribar a una vía rápida como es el Camino Centenario. Por otra parte existe el agravante de la existencia de un paso a nivel del ferrocarril, lo cual provoca embotellamiento cuando la barrera permanece baja, además del peligro para los frentistas y la seguridad de la gente.

La ausencia de una evaluación previa

Lo detallado en el párrafo precedente se deriva como una consecuencia de la carencia de un estudio anterior de impacto ambiental en el lugar, situación que vulnera el artículo 11 de la Ley General de Ambiente Nº 25.675 y los artículo 10, 11 y 12 de la Ley provincial de Medio Ambiente Nº 11.723 respectivamente. Los mismos establecen como obligatorio que cualquier actividad que en el territorio nacional, susceptible de degradar el ambiente o afectar la calidad de vida de la población, sea sujeta a una evaluación de impacto ambiental, preliminar a su ejecución.

El Laboratorio de Pavimentos e Ingeniería Vial de la Facultad de Ingeniería de la UNLP es el encargado efectuar dichos estudios, a partir de un convenio que existe entre la Municipalidad de La Plata y la Casa de Altos Estudios desde los años ´90 al presente, con relación a los temas que tienen que ver y afectan a la comunidad.

El Ingeniero en Vías de Comunicación, Bernardino Capra comenta que los estudios de impacto ambiental previstos para la zona de la bajada de Villa Elisa, no han comenzado aún debido a que el mencionado convenio no ha podido ser acordado todavía. “Hasta tanto no se firme no se puede arrancar, es un asunto legal en el medio, uno no puede mandar a hacer un estudio de tránsito cuando no tiene injerencia lo que está haciendo o cuando no hay una responsabilidad civil ante ciertos temas”. Según sus palabras, la razón por la que dicho pacto no ha sido acordado radica en que el municipio pretende que la Universidad proponga una alternativa en relación a este tema, cuando tradicionalmente sólo recurría a ella apelando a una objetividad, que determina si una obra específica está bien hecha o no.

Esto demuestra que la conflictiva salida de la Autopista La Plata – Buenos Aires fue habilitada sin la ejecución de un estudio determinante como el de impacto ambiental, el cual consiste, de acuerdo a lo detallado por Capra, en una evaluación que involucra todo lo relativo al medio ambiente, y las condiciones antes y después de una obra, lo que se denomina ingeniería civil: “Cómo afecta esa obra directamente a todo el entorno, a todo el ambiente, a las personas, vida de las personas y animales, a la vegetación, pueden ser problemas de ruido, hasta la puesta del valor inmobiliario de las propiedades en las que viven, no es lo mismo vivir frente a una autopista que en un barrio parque”.

Un estudio semejante es multidisciplinario, al abarcar no sólo a ingenieros sino a especialistas en tránsito puesto que se dedica a evaluar también el censo de origen y destino de los vehículos. De acuerdo a las consideraciones del Ingeniero, una evaluación de este tipo no puede demorar menos de tres meses, ya que necesita de la colaboración de profesionales e incluso de los vecinos del lugar.

La bajada de la Autopista de Villa Elisa es una zona de humeral costero, al estar próxima al río. Esto quiere decir que se trata de lugares donde puede haber situaciones de grandes cursos de agua, como corrientes o inundaciones, al mismo tiempo que interrupciones muy importantes en lo que hace a los cambios que se pueden producir en la hidrodinámica, los cuales suelen ser muy grandes y generar problemas.

En alusión a este hecho, el Ingeniero Químico Héctor Bilczyk, director de la oficina de Medio Ambiente del organismo municipal Control Urbano, enfatiza que “en esa zona de arroyos o bañados no se pueden hacer obras sin el permiso previo de un estudio de impacto ambiental. Tampoco para la obra de autopista hubo un estudio previo. Se dijo que después que se terminaran las obras se iban a hacer relevamientos mes a mes, para ver qué niveles tomaba el agua y qué obras eran necesarias hacer. Eso hay que hacerlo antes”.

Conflicto contractual y falencias políticas

Si hacemos referencia a la infraestructura que presenta la Autopista La Plata – Buenos Aires, y su correspondiente bajada en Villa Elisa, Bilczyk denuncia que la obra no sólo tiene vicios constructivos sino que se inauguró sin estar terminada ya que no solo cuenta con dos carriles por lado cuando debería poseer tres, sino que el acceso estaba previsto a la altura del parque Ecológico municipal, y además se trabajó entre dos canteras. “Hacer el tramo nuevo significa trabajar a menos de 5 metros donde hay agua, y tienen que trabajar en la altura, empezar a hacer el puente de los dos lados como hicieron en el Riachuelo y clavar los pilotes”, porque el tramo correspondiente está construido sobre terraplén.

Los vecinos damnificados de la localidad han formado una comisión donde formulan reclamos y discuten el accionar respecto a esta situación. Uno de los integrantes que la componen es Guillermo Vaccarini, quien reside en Barrio Jardín y manifiesta no estar en contra de la bajada, sino que piden por el final de obra en el lugar estipulado por el contrato con Coviares. “Leímos el expediente que dice que de una arteria de velocidad alta no puede pasarse a una población, y después a una arteria de mediana velocidad, tiene que ser algo gradual, por otro lado a dicha bajada le faltan dos rulos, porque para La Plata no se puede ir y vas para subir para ir a Capital, y tenés que subir en contramano y doblar a la izquierda”, expresó en tono de indignación.

A pesar de que el contrato de concesión con la empresa constructora de la autopista es a nivel nacional, desde las autoridades municipales se ha vislumbrado un apoyo hacia dicha reinauguración, en contradicción a lo que el propio intendente Pablo Bruera enunció hace dos años en una audiencia pública con la Unidad de Renegociación de Análisis de Contratos y Servicios Públicos. Allí criticó duramente al organismo de control, Occovi, reclamando que no funcione como mera oficina que a nada conduce. A su vez en marzo de 2008, luego de las inundaciones en la zona, el jefe municipal agregó que “hay responsabilidades penales, sin dudas y vamos a pedir que cada uno deslinde lo que ha hecho”, además de aseverar que “en el expediente figura que hay cavas ilegales”.

Sin embargo, casi un año después de dichas declaraciones, procedió a la reapertura de la mencionada bajada, sin haberse realizado remodelación alguna durante ese lapsus de tiempo. José Ramón Arteaga, concejal por el bloque PJ Disidente, indicó que la reinauguración efectuada en enero de 2009 encontró respuesta en una supuesta prueba piloto, la cual como tal tiene establecido un principio y un fin. “No hubo un decreto, una resolución, un acto administrativo, un papel alguno, porque de hecho el municipio mismo no tiene ingerencia o autoridad sobre la apertura. La misma ha sido gestionada de forma oficiosa, políticamente, las autoridades nacionales han accedido a la presión del intendente Bruera, la han habilitado de prepo y de hecho”.

En resumen, y luego de haber escuchado a diversas voces implicadas, se llega a la conclusión de que existen graves irregularidades y perjuicios desde distintos puntos de vista, que incluye la cuestión política, social y ambiental. Por este motivo los vecinos continúan en estado de movilización, hasta lograr una solución definitiva a la situación que alteró significativamente la calidad de vida de los frentistas de una zona que tradicionalmente se caracterizó por la tranquilidad y cuidado de la naturaleza.

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Categorías:investigaciones
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