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Haz lo que yo digo pero no lo que yo hago


El nuevo Edificio Anexo de la Honorable Cámara de Diputados se encuentra inundado de falencias tanto edilicias como legales. Su abrupta inauguración desembocó en graves problemas.

Por Roberto Cambre, Ricardo Harismendi, José Marcalain, Guido Mosto y Matías Ruiz

El viernes 7 de diciembre de 2007, el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, acompañado por el presidente de la Honorable Cámara de Diputados bonaerense, Ismael Passaglia, inauguraba el edificio anexo del Palacio Legislativo ubicado en la avenida 53 entre calle 8 y calle 9 de la ciudad de La Plata.

Dicho edificio fue construido con la intención no sólo de evitar la saturación de espacios en el histórico Palacio de avenida 7 entre 51 y 53, sino también eliminar la dispersión de los recursos físicos de dependencias que funcionaban en 31 lugares alquilados en zonas distantes y permitir optimizar la gestión operativa, para así cristalizar un anhelo postergado durante años.

Sin embargo, llama la atención la tan pronta inauguración de la compleja estructura edilicia, ya que apenas en marzo de 2006 y mediante un convenio, se encargó al Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires la organización del concurso provincial de anteproyectos, el que se rigió por el reglamento de la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos (FADEA) y donde la Universidad Nacional de La Plata ofició de auspiciante y organismo asesor. Con la recepción de seis propuestas, se realizó el 17 de octubre el acto de apertura de la licitación pública para contratar la construcción de la obra, tal como lo autorizó la resolución del 15 de septiembre de 2006.

Incluso en el contrato mismo con la empresa ganadora, Eleprint S.A., firmado el 1º de noviembre de dicho año entre Passaglia y el titular de la empresa, Gustavo Weiss, se estableció que los trabajos de construcción tendrán un plazo de ejecución de un año y que “los diputados bonaerenses tendrán a partir de 2008 nuevos despachos y salas de reuniones al quedar inaugurado el anexo”. Esto último indica que en el contrato para la construcción del edificio ya se establecía que recién en el 2008 podrá ser utilizado, y a pesar de saber esto de antemano fue inaugurado en 2007.

De esta manera, una estructura arquitectónica que dispone de 70 despachos para diputados, 4 salas de comisiones para 50 personas, 6 de usos múltiples, un salón auditorio para 100 personas y 80 cocheras; todo ello distribuido en ocho pisos y tres subsuelos, y ocupando una superficie total de 9.100 metros cuadrados, fue diseñado, construido e inaugurado en poco más de un año y medio.

Sin lugar a duda resulta escaso el tiempo en el cual se llevaron a cabo las obras de construcción, ya que a fines del año 2006 comenzó la primera fase con la demolición del antiguo edificio, para lo se estipuló un plazo de 45 días, y ya en diciembre del año siguiente el nuevo proyecto estaba siendo inaugurado. Claro está que en el momento de la apertura realizada por Felipe Solá, el edificio se encontraba con numerosas irregularidades edilicias, las cuales derivaron en fallas técnicas y legales que llevaron a que hoy en día el edificio anexo de la Cámara de Diputados no cuente con el final de obra necesario y hasta probablemente sin habilitación municipal alguna.

La abrupta inauguración

“Hemos adelantado la fecha de la inauguración porque los diputados que integramos esta Cámara hemos querido hacerlo como un reconocimiento a la gestión de seis años de este Gobernador que encontró una Provincia en crisis y hoy la deja de pie”. Esas fueron las palabras de Ismael Passaglia, Presidente de la Honorable Cámara de Diputados, en el momento de la apertura.

Efectivamente, el estreno del edificio fue adelantado tal como lo indicó el funcionario, ya que a pesar de haberse realizado en el último mes del año 2007, recién pudo ser habitado para la utilización de los diputados en marzo del año siguiente. Esto significa que la inauguración fue realizada con tres meses de anticipación aunque la obra no haya estado en correctas condiciones. Esto se debe claramente a lo que un diputado opositor llamó “tiempos políticos”.

El actual funcionario por parte de La Concertación, Rodolfo Remo Arata, aseguró que la irregularidad al momento de la apertura del edificio se debió a que la intención era que el acto sea llevado a cabo por Felipe Solá para que el reconocimiento se encuentre dentro de su gestión, ya que su mandato estaba a punto de concluir. Así, no se dejó terminar el edificio en las condiciones adecuadas y que el inaugurador mediante una ceremonia política sea el actual gobernador bonaerense Daniel Scioli.

Y no sólo el adelanto fue en beneficio de Solá, sino que el mismo Passaglia también se llevó el prestigio y el reconocimiento público, ya que quien preside en la actualidad la Cámara Baja es el diputado Horacio Ramiro González. Ahora, esto de los llamados tiempos políticos es algo normal en los funcionarios de nuestro país, pero en esta oportunidad no se previeron las numerosas complicaciones.

El aspecto legal

El edificio anexo de la Cámara de Diputados se encuentra actualmente habitado y en pleno funcionamiento. Sin embargo, no posee el final de obra que cualquier construcción necesita. A su vez, tampoco tiene el cartel obligatorio en el frente del mismo en el cual se indique la ausencia de este documento y la fecha en el que debería ser terminado.

A pesar de que la ley no sea muy clara y existan lagunas jurídicas en cuanto a este documento de final de obra, existen ordenanzas que claramente marcan la obligatoriedad que cada construcción tiene. Es el abogado Daniel Enrique Butlow, especialista en arquitectura legal, quien señala a éste como uno de los temas más abandonados y peor examinados.

Dicho abogado afirma que el Código de Edificación obliga a requerir un permiso de obra, entre otros casos para construir nuevos edificios, ampliar, refeccionar o transformar lo ya construido y según el artículo 86 de la Ley 24.441 dispone que “ante la presentación de la documentación exigida para la ejecución de obras que requieran permiso, se expedirán inmediatamente y en un mismo acto, el número de expediente y la registración, postergando cualquier análisis sobre aquella documentación para la etapa siguiente de fiscalización, basada en la responsabilidad profesional”. La mencionada ley incluso prohibió cualquier clase de certificado de habilitación y registro de encomienda, en su artículo 94.

Pero más allá del permiso para la construcción, también existen reglas en el momento de la finalización. Una vez llegado a dicha instancia, existe un plazo máximo de 20 días hábiles para que el propietario de la obra y su constructor eleven una declaración jurada de finalización, según indica el Código de Edificación. Luego de ello, la autoridad administrativa que regula la obra cuenta con un plazo de 60 días hábiles para verificarla y confirmar la veracidad de la declaración jurada presentada, para luego desligar a los profesionales o empresas intervinientes y dejando como único responsable al propietario.

Para el caso del edificio anexo, es llamativo como se desconoce por completo el estado de esta obra, sin poder acceder a alguna voz oficial que detalle en qué posición de los trámites se encuentra. Según la información recolectada a través de los encargados de la inspección del inmueble, se puede afirmar que el mismo sí fue registrado y aprobado correctamente, lo cual indica que todos los problemas que de allí se desprendan son pura responsabilidad de la Cámara misma. Pero por otro lado, nadie parece saber ni ser responsable de la obtención del final de obra, elemento fundamental de cada construcción del que parecería carecer el edificio en cuestión.

A su vez, es posible afirmar la violación del artículo 78 de la Ordenanza Nº3001/63, titulada Inspección Final, en la cual se indica que “sólo podrá certificarse el final de obras cuando se adjunten las constancias de: final de las instalaciones eléctricas y/o electromecánicas, final de las instalaciones de agua y cloacas, depósitos de honorarios y aporte jubilatorio, certificación del Cuerpo de Bomberos de que los elementos contra incendio han sido colocados en forma reglamentarias y se encuentran en condiciones de uso, en los casos contemplados en los Artículos 390, 391 y 392, plano según obra, planilla de declaración jurada y la verificación de que las fincas linderas se encuentran en condiciones, en aquellas partes que hayan sido afectadas por la nueva construcción”.

Pero de todos los requisitos antes mencionados se asegura que muchos de ellos no fueron alcanzados, dejando completamente de lado la posibilidad de haber adquirido un permiso de final de obra. Todos ellos serán desarrollados en el momento de hablar de las fallas edilicias. Ahora también se puede establecer el incumplimiento del artículo 3º de la Odenanza Nº4726/80, la cual establece que “el permiso provisorio tendrá una validez de 90 días, plazo dentro del cual deberá completarse la restante documentación exigida por el Código de Construcciones, Decreto y/o Ordenanzas vigentes”. Pero si la obra fue habilitada en marzo de 2008 y suponiendo que haya contado con dicho permiso, el mismo ya hubiera expirado por completo ya que al día de la fecha sigue sin poseer la autorización correspondiente.

De todas formas, la ley indica que una vez pasado los 90 días que la ordenanza anterior manejaba, es posible pedir una extensión de la misma por otro lapso de tres meses, pudiendo repetir este accionar indefinidamente. Aquí se desliga otra laguna legal en el ámbito de la construcción ya que un edificio podría estar de por vida con un permiso provisorio a pesar de contar con irregularidades o sin ser terminado.

Fallas edilicias y problemas evidentes

No es una exageración afirmar que son muchos los problemas que se presentaron en el entorno de la construcción de este edificio, los cuales no sólo se evidencian a simple vista sino que sus propios ocupantes lo confirman. El primero de ellos y uno de los más importantes ya que pudo haber terminado en tragedia, fue la caída de uno de los ascensores apenas un mes después de su inauguración. Incluso estos medios de elevación son llamativamente inseguros debido a su falta de precisión en el funcionamiento. Esto se deduce a que la voz electrónica del ascensor marca siempre un piso diferente del que realmente se encuentra y además suele frenar a una altura mínima pero perceptible del lugar de descenso. Más allá de que la gente que se encontraba dentro del ascensor en el momento que se cayó haya resultado ilesa, es un dato completamente desalentador para un edificio nuevo en donde se desempeñan altos funcionarios públicos.

Otra de las irregularidades fue dada a conocer por los mismos trabajadores de la construcción, señalando que la vereda pública perteneciente a este edificio sobre la avenida 53 fue urbanizada y luego tuvo que ser reparada en tres ocasiones diferentes, todas ellas en el lapso menor a un mes. De esta manera, con el edificio ya en funcionamiento, se rompió la vereda una y otra vez con diferentes intenciones (construcción de cañerías, cloacas o cables eléctricos) señalando la gran desorganización que reinó en esta obra.
La inundación del tercer piso del subsuelo, el último de ellos, durante la primera fuerte lluvia que se registró luego de la apertura fue otra de las falencias que tuvo que soportar el inmueble. Un diputado por la oposición aseguró que la mencionada cochera subterránea se vio anegada por la gran cantidad de agua que recibió sin poder ser drenada. Pero más llamativo es este hecho al afirmar que en una visita al edificio anexo se pudo observar fácilmente diversos cables eléctricos sueltos en varios pisos de oficinas y despachos, al alcance de cualquier persona que por allí transite. Sin lugar a duda ya no sorprende la imprecisión de los ascensores si el recorrido eléctrico se encuentra al descubierto en diferentes sectores, algo completamente inseguro en todo momento y más si el edificio sufre de inundaciones.

¿Y la habilitación?

No cabe duda de que el edificio anexo del Palacio Legislativo ubicado en avenida 53 de la ciudad de La Plata cuenta con errores significativos en su construcción. Es llamativo incluso que el lugar físico donde se desarrolla la labor de los diputados de la provincia de Buenos Aires, cuyas principales funciones son las de legislar creando, reformando, derogando o modificando leyes; fiscalizar mediante el uso y aplicación de los recursos públicos; y gestionar, sea un espacio colapsado por irregularidades y falencias tanto edilicias como legales.

Incluso sería preciso establecer de qué manera este edificio pudo ser habilitado para su funcionamiento. Es decir, cómo hizo para conseguir un permiso que acepte estas irregularidades y que la Municipalidad de La Plata esté de acuerdo con su utilización. Aquí es necesario aclarar que por más que se haya buscado en todos los lugares potenciales de la burocracia platense, resultó imposible acceder a esa información, levantando la factible sospecha de que este documento de habilitación no existe.

Dicha información fue solicitada en todos los departamentos de la Cámara de Diputados, no sólo en el mismo edificio anexo sino también en el Palacio de avenida 7. Ni el Departamento de Prensa, ni el Departamento de Obras, ni Asuntos Auxiliares, ni los arquitectos, fueron capaces de afirmar si existe habilitación por más temporaria que sea. Todos se excusaron con ser ajenos a la construcción del edificio, derivando los problemas a otro sector y asegurando no ser los responsables, o pretendiendo no serlos.

Y no sólo es dentro del ambiente del Palacio Legislativo donde no fue posible dar con algún responsable o documento que avale la utilización del edificio en cuestión, sino que la misma Municipalidad de La Plata parece no estar al tanto del tema. Esto se deduce debido a que ni en el Registro de Obras Públicas, en el de Obras Particulares, en la Municipalidad misma, ni en el Departamento de Bomberos, fue posible acceder a algún documento de habilitación, aunque en este último sí afirmaron haberlo registrado

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Categorías:investigaciones
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