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Aunque el informe dio negativo el contrato se renegoció


300 mil usuarios sufren las consecuencias del incumplimiento. Los receptores del servicio eléctrico de la concesionaria son víctimas en la renegociación de contratos. La calidad de vida de la población se precariza. Las tarifas aumentan, los cortes también en contra de lo establecido por la ley 24.065. Aunque la UNIREN dijo que estaba mal, el Ejecutivo dio el visto bueno: “Es un monopolio natural”.

Por José Alberdi, Leopoldo Coda, Gisela Iglesias, Luciana Jasa y Daiana Woloszczuk

Los usuarios de energía eléctrica de La Plata, Berisso, Ensenada, City Bell, Villa Elisa, Gonnet, Punta Indio, Brandsen y Magdalena son víctimas de las irregularidades llevadas a cabo durante la renegociación de contratos entre la empresa concesionaria EDELAP y el ente estatal regulador de la energía finalizada en 2005.

La prestación del servicio viene en decadencia damnificando la calidad de vida de la población. En muchos barrios, como consecuencia de los prolongados y reiterados cortes de luz escasea el agua.

El hecho de que EDELAP siga siendo desde hace quince años la empresa que distribuye la energía eléctrica en La Plata y alrededores es producto de la irresponsabilidad de los organismos nacionales de control, que pese a las quejas de los usuarios por el mal servicio (manifestadas en piquetes y en los archivos de la defensoría del ciudadano), los informes en su contra y las multas abonadas, permitió la renegociación del contrato de concesión en perjuicio de la población.

En el año 1992, con el proceso de privatización de los servicios estatales, se instala para asegurar la luz a los hogares la Empresa Distribuidora de Energía La Plata (EDELAP S.A.).

Desde hace ya algunos años, los municipios de Magdalena y La Plata llevan adelante una intensa lucha por quitar la concesión del servicio a esta empresa. Los sucesivos incumplimientos de lo establecido en el contrato de concesión de 1992 durante el transcurso de los quince años que la empresa dispuso de la explotación del servicio tienen que ver con la falta de inversión en tendido de electricidad y mejoramiento en la calidad del servicio.

Estas infracciones eran motivo suficiente para que el Estado cumpla con la Ley nacional 24065 (Régimen de Energía Eléctrica) que en el artículo 56 inciso h) faculta al ente regulatorio para propiciar ante el Poder Ejecutivo la caducidad o reemplazo de concesiones.

Tanto el Estado Nacional en su rol de contralor, como la empresa EDELAP SA. en su responsabilidad como concesionaria del servicio de energía eléctrica, no dieron (ni siguen dando) cumplimiento a las obligaciones que les imponen la Ley nacional 24065 de Régimen de Energía Eléctrica y el contrato de concesión firmado entre las partes.

Durante el año 2002 se inició el proceso de renegociación de contratos de concesión de servicios de energía eléctrica. El mismo, finalizó en 2005 con el decreto 802/2005, en el que el Poder Ejecutivo Nacional ratifica el Acta Acuerdo firmado entre UNIREN (Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos) y la empresa EDELAP S.A. Allí consta que la empresa en cuestión no cumplió con lo establecido, ni mantiene una clara auditoría contable, por lo que recomienda se revea la decisión de prolongar por diez años más la revisión de sus tareas. No obstante, el poder ejecutivo aprobó la prorroga de ganancias de la empresa. Otra curiosidad del caso es que en el primer contrato, se establece la concesión por 90 años, con revisiones cada una década. De seguir con esta metodología, los actuales usuarios están destinados a vivir bajo la luz de EDELAP por el resto de sus vidas. En tanto, la empresa apuesta sus inversiones en la creación de centros de atención al cliente. Esta actitud demuestra la conciencia del mal servicio.

Según el Ente Regulador de Energía (ENRE), hasta la sanción de la Ley N° 24.065, el sector eléctrico argentino se encontraba estructurado en un esquema de integración vertical. En este contexto, las empresas involucradas participaban en todos los segmentos de la industria eléctrica.
A partir del proyecto de transformación puesto en marcha a principio de los ‘90, el sector se articuló en tres segmentos de la actividad eléctrica independientes: generación, transporte y distribución.

En la actualidad, el transporte y la distribución están caracterizados como servicios públicos que se prestan en condiciones de monopolio natural. Por ende, resulta necesaria la presencia del Estado como regulador y contralor de la actividad. Si bien los controles se efectúan, es evidente que los informes resultantes son omitidos quedando como principal damnificado el consumidor final, en este caso, los 300 mil usuarios de energía que tiene hoy en día EDELAP S.A.

En este marco y frente a los continuados cortes de energía sumado al uso de materiales nocivos para la salud, desde diferentes sectores de la Legislatura bonaerense se han impulsado proyectos para declarar la emergencia en materia de electricidad. Desgraciadamente, nadie sabe en qué cajón duermen según aseguró el diputado provincial Juan Gobbi.

Sugerencias de la UNIREN

El proceso de renegociación del contrato de la empresa Eléctrica Edelap S.A. contó con varias audiencias y un informe final realizado por la Secretaría Ejecutiva de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN). Según se establece en el decreto 311/03 que dispuso la creación de la UNIREN, el ente tiene como potestad -entre otras- llevar a cabo el proceso de renegociación de los contratos de obras y servicios públicos; suscribir los acuerdos integrales o parciales de renegociación contractual con las empresas concesionarias y licenciatarias de servicios públicos, ad referéndum del Poder Ejecutivo Nacional; y, efectuar recomendaciones vinculadas a los contratos de obras y servicios públicos y al funcionamiento de los respectivos servicios.

Con la opinión de distintas autoridades nacionales, provinciales, municipales, gremiales, de distintas cámaras y la voz de la empresa, “se demostró que el sistema de alta tensión de Edelap requiere ser adecuado para brindar un servicio con mejores indicadores de performance”. Es aquí donde se pueden observar las peores incongruencias por parte del Estado en relación a las obligaciones que debía cumplir la privatizada durante su gestión.

Además, se llevó a cabo la “Carta de Entendimiento UNIREN-EDELAP S.A.” del 12/11/04, la cual es el resultado de la negociación desarrollada con las empresas concesionarias de transporte y distribución de electricidad en el ámbito de la Ley Nº 25.561, a fin de establecer los términos y condiciones, que una vez cumplida la audiencia pública y los demás procedimientos previstos en las normas vigentes, regirán el Acta Acuerdo de Renegociación Integral del Contrato de Concesión.

En esa carta, se establece que la renegociación del contrato de concesión partió de una base que, según el Ejecutivo, tenía poco que ver con el Estado en la década del ’90 cuando se entregó a Edelap la administración del servicio: “El gobierno nacional puede afirmar que existe una base de mayor sustentación para la renegociación, ya que sumado al mejor clima social, las principales variables macroeconómicas se encuentran estabilizadas, y se tiene un panorama más claro del crecimiento y la evolución de la economía argentina en general y de los servicios públicos en particular”. Seguidamente, explica que “esto no sólo permite al gobierno avanzar en desarrollar los esfuerzos necesarios para arribar a un acuerdo de negociación, sino que también induce a las empresas a que efectúen planteos realistas con los servicios públicos en la Argentina en el presente y en el futuro”.

No obstante, en el mismo documento se afirma que “a fin de disminuir las exigencias financieras del servicio y los riesgos de desequilibrio, el acuerdo considera ciertas adecuaciones transitorias del contrato, tales como la modificación del régimen de calidad de servicio y la reorientación de las penalidades mediante mecanismos que premien el sostenimiento de los niveles actuales de calidad y alienten las inversiones de expansión”.

Acá surge un dato por parte de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos que es muy importante porque contradice las conclusiones finales de la Carta de Entendimiento entre las partes: “Esta característica dificulta o limita (las falencias en la ‘falta de una contabilidad regulatoria’) la posibilidad de calificar el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones de la empresa; por ejemplo, el cumplimiento referido a las inversiones implícitas en las tarifas y, por lo tanto pagadas por los usuarios”.

Por otra parte, las conclusiones del adjunto plantean que se procuró que la empresa “asuma el compromiso de desarrollar un plan de inversiones y ejecutar los mantenimientos necesarios” que la concesionaria ejecutará “con el objetivo de satisfacer el crecimiento del mercado, la reposición de las instalaciones, la calidad del servicio, la seguridad, las exigencias ambientales y la eficiencia operativa de la empresa”. Sin embargo, el texto aclara que “las empresas distribuidoras fueron reticentes a presentar un plan de inversiones para el período 2004-2008”.

Marco legal infringido

La privatización de los servicios eléctricos no escapó a las deficiencias que mostró el Estado en la defensa de los intereses del usuario y el aprovechamiento de esa situación por parte de las empresas que hoy prestan los servicios.

Tanto la Ley Nacional Nº 24.065 como el contrato de concesión firmado entre el Estado Nacional y la empresa prestadora de servicio eléctrico EDELAP S.A. contemplan la posibilidad de caducidad de contrato por incumplimiento de los compromisos adquiridos por ambas partes.

La Ley conocida como de Régimen de la Energía Eléctrica, caracteriza al transporte y distribución como un servicio público y considerado de interés general marcando una relevancia en cuanto a su importancia que se contradice en situaciones de defensa del consumidor.

Entre las políticas que el Estado es obligado a llevar a cabo se encuentra explícito en el inc. f) del artículo 2º, el “asegurar la competitividad de los mercados donde sea posible”. Estas tres últimas palabras, hacen posible que exista un “monopolio natural”, como definiera la Jefa de Prensa de EDELAP SA, Carolina Ortiz, a la situación de prestación del servicio en el área que le fuere “otorgada en exclusividad” reconfirmado esto en el artículo 26 del anexo II del contrato de concesión, asegurándose así un mercado cautivo.

Pero la ley impone algunas obligaciones como la de “satisfacer toda demanda de servicio” y en los artículos 26, 27 y 28 establece que será la empresa quien lleve a cabo las inversiones necesarias, que esta deberá fijar especificaciones mínimas de calidad para el servicio, y que “efectuará el mantenimiento de sus instalaciones en forma de asegurar un servicio adecuado a los usuarios”. Obligaciones que también fueron plasmadas en el anexo II artículo 25 del contrato de concesión.

La Ley 24.065 crea el Ente Nacional Regulador de la Electricidad y entre sus funciones y facultades, el inc. h) del artículo 56 lo habilita a “propiciar ante el Poder Ejecutivo, cuando corresponda, la cesión, prórroga, caducidad o reemplazo de concesiones;” haciendo explícito en el artículo 78 de la misma, que “las violaciones o incumplimientos de los contratos” serán sancionados según lo establezcan los contratos de concesión.

Por otro lado, y de acuerdo con la ya marcada ineficiencia del Estado en la defensa del usuario, el contrato de concesión firmado con la empresa EDELAP SA (todos los contratos de privatización del servicio eléctrico son iguales) establece sanciones pecuniarias con el objetivo de “orientar las inversiones” hacia “el beneficio de los usuarios” y propone un sistema extremadamente largo (36 meses de ratificación) y complejo para dar cumplimiento a ello.

Sólo habrá motivo de caducidad de contrato cuando el valor acumulado anual de las multas supere el 20% de la facturación anual de la empresa, pudiendo esto, ser considerado por parte del ENTE como una falta grave. La ambigüedad de lo establecido en el subanexo 4 punto 5.2, sobre el carácter de las sanciones, deja la puerta abierta a la comparación de números que la propia empresa puede modificar en relación a su facturación y al criterio del ENTE.

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Categorías:investigaciones
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