Inicio > investigaciones > La luz mala

La luz mala


El servicio eléctrico bonaerense está gravado en un 10% por un impuesto distorsivo. Los usuarios desconocen el destino de su aporte. Esta situación se mantiene desde hace más de 11 años.

Por Maricel Spini, Julieta Paulucci, José Giménez, Fernando Sanchez, Roberto Diaz y María Luz Correa Chiclana

Los usuarios del servicio eléctrico de la provincia de Buenos Aires aportaron al Estado más de 700 millones de pesos en once años en concepto de un impuesto destinado a financiar obras de infraestructura que nunca se realizaron.

Es que desde 1996, el gobierno provincial siguió cobrando un impuesto de vieja data que, con las privatizaciones realizadas ese mismo año, dejó de tener razón de ser: se trata del gravamen establecido por la ley 7290, del año 1967.

La misma, impone una carga del 10 por ciento a las boletas de la luz y, actualmente, los fondos recaudados son destinados, en su mayoría, a Rentas Generales, un apartado especial en el Presupuesto bonaerense cuyo destino se desconoce.

“La ley fue mantenida por todos los gobiernos y no es discutida porque es tomada como natural por todos”, afirma Guillermo Zurita, secretario general de la Secretaría de Energía de la Provincia de Buenos Aires y dependiente el Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos, quien defiende el impuesto porque “fue una suerte de política de Estado que nos falta en Argentina”.

La Ley creaba el “Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico de la provincia”, destinado, según el texto legal, a “costear los estudios, proyectos, obras y adquisiciones que resulten necesarias para reestructurar, completar y expandir los sistemas y servicios públicos de electricidad existentes”.

Del total recaudado, unos 64.612.968 millones de pesos anuales, el 30 por ciento -19.383.890 pesos- se destina al pago de una deuda contraída por el gobierno bonaerense para la realización de una central termoeléctrica en Bahía Blanca; el 55 por ciento -35.537.132 pesos- a Rentas Generales; y el 15 por ciento -9.631.946 pesos- a un fideicomiso para la realización de obras en general.

Hasta 1999, el organismo encargado de recaudar y distribuir los fondos era el Ente Provincial de Regulación de Energía (EPRE), pero según la actual normativa, esa tarea le corresponde a la dirección de Energía provincial, aunque, como reconocen a media voz sus funcionarios, “de esa plata no vemos un peso”.

De esta manera, el fin original del dinero recaudado se utiliza para otras tareas que nada tienen que ver con el desarrollo energético, fundamental en estos tiempos. Por lo tanto, el mismo constituye un impuesto distorsivo.

Frente a este panorama, cada usuario de electricidad bonaerense ha pagado 462 pesos en los últimos once años, desconociendo el verdadero destino de su contribución.

La provincia de Buenos Aires reconoció el carácter distorsivo del impuesto, según lo confirma Jorge San Miguel, presidente del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la provincia (OCEBA): “Hubo un pacto federal impositivo donde se había acordado eliminar los impuestos distorsivos para reemplazarlos por fondos coparticipables. La provincia reconoció que los impuestos a la luz entraban dentro de esa clasificación, pero como el Gobierno nacional nunca cumplió con el envío de fondos extras, el impuesto se siguió cobrando”.

Por qué el impuesto no debe cobrarse

Los fondos recaudados a través del impuesto a la electricidad eran usados por el Estado provincial cuando éste tenía a su cargo la distribución de la energía eléctrica. Pero en 1996, cuando la provincia decidió privatizar el servicio, dejó de tener tales obligaciones.

A pesar de ello, el Decreto Ley 7290 nunca fue derogado y sus fondos continuaron siendo manejados por el Estado, pero para otros propósitos.

El senador radical Alfredo Irigoín considera que en la actualidad el impuesto “no tiene razón de ser, desde que se privatizó Eseba (Empresa Social de Energía de Buenos Aires) todas las obras las realizaron las empresas privadas. Estos fondos terminan en una bolsa de la que nunca se sabe su destino”.

Por su parte, Guillermo Zurita, secretario general de la Secretaría de Energía de la Provincia, explicó: “Durante la gobernación de Duhalde, con las finanzas provinciales comprometidas, se usó esos fondos para otras cosas, acordando que se devolvería de otra manera” y agregó “pero por decisiones políticas, se empezaron a retacear recursos; se los ponía en plazos fijos para autofinanciarse. A partir de entonces, el Ministerio de Economía es quien en realidad maneja los recursos”.

Hasta 1999, el EPRE era, legalmente, el encargado de controlar las concesiones y recaudar los fondos obtenidos por el impuesto. A partir de la modificación de la Ley de Ministerios (aprobada el día anterior de la asunción de Carlos Ruckauf como gobernador) el organismo fue disuelto.

Como consecuencia de ello, las actividades que de él dependían se trasladaron al OCEBA, creado en esa época para controlar a las empresas prestadoras del servicio, y a la Dirección provincial de Energía que, por disposición del Marco Regulatorio Eléctrico, debería hacerse cargo de la recaudación del impuesto.

Al respecto, el senador provincial, Alfredo Irigoín, comentó: “El distribuidor debe afrontar con recursos propios la ampliación de las redes, según lo regula la ley y la Resolución 18/98 de OCEBA; y en el caso de la extensión de la red debe ser abonado en forma exclusiva por los usuarios, nunca por el Estado provincial” y aclaró “cuando me refiero a usuarios, me refiero a las empresas que transportan la energía por el cableado eléctrico, no al consumidor final, o usuario residencial”.

Cabe recordar que el espíritu del decreto/ley era el desarrollo del cableado eléctrico del interior de la provincia de Buenos Aires, a fin de reducir la desigualdad existente en el acceso al servicio entre el conurbano y el resto de la provincia.

Como hemos visto, y a pesar de que se puede considerar los fondos obtenidos por el Decreto Ley 7290 como distorsivos, la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta la actual crisis energética y, el aún acceso desigual a la red eléctrica, tendría las herramientas legales y la infraestructura institucional necesarias para disponer de ese dinero (65 millones de pesos anuales) y destinarlo a la realización de obras en el sector.

Los números

– $70 por bimestre paga una familia tipo en la provincia de Buenos Aires por el servicio eléctrico.

– $7 de los 70 corresponde al impuesto creado por el Decreto/Ley 7290.
– 1.538.404 son los usuarios del servicio en Buenos Aires.

– $10.768.828 por bimestre es el total recaudado por el impuesto 7290.
– La cifra asciende a $64.612.968 anuales.

– En el ´96 se privatizó el servicio, desde esa fecha a la actualidad, la Provincia cobró distorsivamente $710.742.648.

Anuncios
Categorías:investigaciones
  1. Aún no hay comentarios.
  1. 14/04/2011 en 13:28

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s