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“Soy lo que soy por los libros que he leído y no por los que he escrito”


Así se titula el programa de lectura impulsado por la Dirección Provincial de Bibliotecas de Buenos Aires. La frase deja en evidencia una política que promueve la importancia de leer.

Dicha iniciativa es sumamente valorable, sin embargo el mismo organismo mantiene a 34 bibliotecas populares ubicadas en distintas zonas de la provincia, trabajando ad honorem y sin subsidio alguno desde hace más de cinco años. ¿Contradicción o desinterés?

Por Anabela Pascual y Marianela Carlos

En Buenos Aires el sistema provincial de bibliotecas avala y reconoce a 485 instituciones culturales y educativas. Dichas bibliotecas son visitadas día a día por decenas de niños y jóvenes en busca de material educativo y de recreación. El problema surge cuando se compara la cantidad de estos espacios de aprendizaje con los 14 millones de habitantes de la Provincia. En dicho análisis se observa que hay una biblioteca cada 30 mil personas. Lo cual resulta contradictorio con una estadística del Instituto Cultural que afirma que una persona de cada veinte las utiliza. Y como si esto fuera poco, la Dirección de Bibliotecas Públicas y Populares, cuyo director es Rubén Darío Gómez, organismo encargado de promoverlas e integrarlas al sistema, tiene en espera de reconocimiento a 34 bibliotecas públicas y populares desde hace más de cinco años.

Para realizar el trabajo de reconocimiento, Rubén Darío Gómez debería basarse en la Ley Provincial Nº 9319 de bibliotecas. Ésta legislación deja sentadas las características que deben cumplir las instituciones para reconocerse como tales, entre los que se nombran requisitos como poseer determinados metros cuadrados, tener abierta la biblioteca durante treinta horas semanales, contar con una amplia variedad de libros, tener un bibliotecario recibido, entre otras consideraciones.

Las 34 bibliotecas que se encuentran en espera de reconocimiento, cumplen con lo preestablecido en la ley y han sido inspeccionadas por la Directora del Departamento de Bibliotecas Públicas y Populares, Ana María De Mier quien les otorgó el aval correspondiente. Sin embargo, parece no tener importancia ya que la Dirección no les otorga el subsidio económico equivalente a 1.600 pesos que por ley les corresponde.

Sumando estos números, es decir 1.600 por 34 instituciones nos da la cifra mensual de 54.400 pesos, los cuales se deberían sumar a los 776.000 pesos que efectivamente se destinan a las 485 bibliotecas reconocidas. Como podemos observar el incremento no es mayormente significativo, teniendo en cuenta que la cifra total quedaría en 830.400 pesos mensuales.

El dato del presupuesto real que destina el Instituto Cultural a la Dirección de Bibliotecas fue pedido por el grupo de trabajo, pero no obtuvo respuesta favorable. Al interrogar sobre el tema a Gómez, este incómodamente contestó que el mismo rondaba entre los 70 y 100 mil pesos mensuales. Sin embargo, si esto fuera cierto no habría inconveniente alguno en incorporar al sistema provincial por lo menos a varias de estas, que hacen años trabajan de manera voluntaria sin recibir alguna ayuda de este organismo.

Sumado a esto, el Director Gómez afirmaba que el presupuesto podía incrementarse de ser necesario, ya que era “móvil” y al respecto explicaba: “puede ser que desarrollemos una tarea y nos quedemos a mitad de año sin presupuesto y si se considera que la actividad es muy importante, viene un refuerzo que se podrá obtener vía Dirección de Administración, de alguna parte del presupuesto total del Instituto Cultural, claro”.

Estos dichos parecen sonar contradictorios cuando hablar de la importancia del libro y de las bibliotecas se trata, Rubén Gómez asegura sin pelos en la lengua que: “Es importante que las bibliotecas se publiciten, más en estos tiempos que por la crisis hay muchos hogares que no pueden comprar tres o cuatro libros, la biblioteca cobra importancia. Y más en algunos lugares alejados del centro la biblioteca no deja de ser uno de los puntos más importantes de llamar al pueblo a que haga una intervención; entonces es un foco cultural.”

La realidad económica política y social que golpea a nuestro país nos muestra que hay miles de hogares en los cuales no están satisfechas las necesidades básicas y mucho menos entonces, pueden tener acceso a la compra de materiales bibliográficos. Y es aquí donde cobra importancia el compromiso social que tienen hoy las bibliotecas populares, ya que en la mayoría de los casos son los únicos espacios donde los estudiantes tienen acceso libre al material necesario para su formación.

Asimismo, el tema se complejiza también cuando nos ponemos del lado del bibliotecario, el cual asume la tarea de mantener la organización y el control de la institución, y presta ilimitada colaboración a la causa del aprendizaje de los estudiantes, brindándole los materiales que le sean necesarios. Estos profesionales asumen la tarea con compromiso y respeto, pero dicha actividad no encuentra respuesta desde los organismos de gobierno, que al no otorgar el subsidio están dejando de lado también su sueldo. El cual corresponde al 70% total del subsidio que marca la ley provincial.

En entrevista con Cristina Leonardi, bibliotecaria de “Calixto Oyuela” de Los Hornos comentaba al respecto: “Con una bibliotecaria de Bahía Blanca, que se encuentra en la misma situación que nosotros, siempre hablamos de que tenemos que hacer algo para que se nos remunere aunque sea a las bibliotecarias, por que trabajamos ad honorem”.

Tras la pregunta de las medidas tomadas frente a esta situación, Leonardi aseguró: “Yo he ido a la Dirección de Bibliotecas y al Instituto Cultural, he llevado varias cartas e incluso al gobernador y no obtuve ninguna respuesta pero sigo mandando. La única que recibí como respuesta fue de la Sra. Ana María De Mier diciendo que no hay presupuesto”.

Esta situación injusta se ha prolongado en el tiempo, ya que desde hace más de cinco años se encuentran trabajando sin en el sueldo que les corresponde, situación que ha llevado a varios profesionales a tener que desistir de las actividades por hacerse insostenible su mantenimiento personal, tal es el caso de la Sra. Norma Meza ex bibliotecaria del Club Leandro N. Alem quien explica los motivos de su alejamiento: “Podés tener todo el entusiasmo del mundo, pero llega un momento, como en mi caso, que prevalece lo particular, lo que yo necesitaba. Más del tiempo que le dediqué y el esfuerzo, con mi familia, no podía hacer más. Llegó un momento que yo necesité el dinero, tomé otro cargo y bueno eso no tiene vuelta atrás lamentablemente”.

Es pertinente que se tome cabal conciencia de la situación que atraviesan las 34 bibliotecas y sus respectivas bibliotecarias, más aun en la realidad que nos toca vivir. La Dirección de Bibliotecas Públicas y Populares de la provincia de Buenos Aires debería centrar sus esfuerzos en que, por un lado todos los habitantes tengan un real acceso a los libros y por otro que el voluntarismo deje de ser el argumento más cómodo que tiene el Estado para darle la espalda a quienes trabajan día a día por una sociedad más justa.

“Yo estoy convencido que estas cosas son las que deberían interesar a la política, son las cosas que resuelven problemas de fondo. Esto no es una idea caprichosa, si no cualquier comunidad que se ha desarrollado, lo ha hecho también por que tiene bibliotecas” afirmó, dando cuenta de la importancia de estas instituciones, Daniel Ríos máximo responsable de la Dirección Provincial de Coordinación de Políticas Culturales y Ex Director Provincial de Bibliotecas.

“Hecha la ley hecha la trampa”

El marco legal que rige a las bibliotecas públicas y populares de la Provincia se sustenta en la Ley Nº 9319 que establece, entre sus consideraciones más importantes, que aquellas instituciones que busquen formarse como establecimientos educativos abiertos a la comunidad, y cumplan con los requisitos explícitos en dicha normativa, serán integradas automáticamente al Sistema Provincial de Bibliotecas, que depende de la Dirección Provincial de Bibliotecas Públicas y Populares de Buenos Aires.

Dicho organismo es el encargado de supervisar en primera instancia los establecimientos, para dar cuenta del cumplimiento de ley, otorgándoles un aval que certifica que la biblioteca se encuentra en condiciones para su funcionamiento e integrar el Sistema Provincial. Este reconocimiento los beneficia con lo expuesto en el artículo 15 de la Ley, en el cual se explica que:

-Los beneficios que recibirán total o parcialmente, las bibliotecas públicas incorporadas al sistema bibliotecario provincial serán las siguientes:

1-Subvención mensual para el pago de gastos de funcionamiento y adquisición de material bibliográfico, cuyo monto será equivalente al duplo del sueldo básico inicial actualizado de un maestro de grado perteneciente al Ministerio de Educación.

2-Subsidios especiales para el acrecentamiento sistemático y significativo de la colección de material bibliográfico y especial sin relación directa con las necesidades de los servicios y radio de acción a cubrir.

3-Subsidios especiales para mobiliarios y equipos.

4-Becas para estudios o perfeccionamiento de personal.

5-Procesamiento técnico de los materiales bibliográficos y especiales.

6-Asesoramiento en organización y servicios.

El citado artículo es incumplido en su totalidad por la Dirección. Las 34 bibliotecas no reciben el subsidio mensual y, por lo tanto muchos menos uno especial. En entrevista con las bibliotecarias de “Calixto Oyuela”, “Leandro N. Alem” y “Victoria Ocampo”, comentaron que el mobiliario y los equipos necesarios para el funcionamiento óptimo de la institución fue conseguido gracias a diferentes aportes de la comunidad y por emprendimiento desmedido de un grupo de personas que buscaba aportar al desarrollo del barrio.

Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, Daniel Ríos, máximo responsable de la Dirección Provincial de Coordinación de Políticas Culturales, perteneciente al Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, comentaba al respecto: “Las bibliotecas nuevas que quieren organizarse no integran el sistema, por lo tanto quedan lamentablemente en un vacío de protección y de apoyo porque no les llega el apoyo ni de la Nación ni de la Provincia. Sólo lo reciben cuando ya están en funcionamiento”. A esta declaración de Ríos debe agregarse que, como ha quedado demostrado, el hecho de que las bibliotecas se encuentren funcionando no es condición sine qua non para recibir el subsidio que les corresponde.

Asimismo, estas medidas que enumera la Ley tampoco son cumplidas en aquellas instituciones que sí se encuentran reconocidas y conforman el Sistema Provincial de Bibliotecas, ya que el único beneficio que reciben es el subsidio mensual de 1.600 pesos que en la actualidad no les alcanza para la compra de libros, pago de bibliotecaria y además mobiliario correspondiente.

La Dirección parece excusarse nuevamente en la falta de presupuesto, para no llevar a cabo las actividades que debe garantizar como único ente encargado del debido funcionamiento de las bibliotecas. Responsabilidad que queda sentada en el Decreto 2.446 que reglamenta la ley antes mencionada, que estipula que “debe ser el Estado, con el aporte comunitario, quien asumiendo o delegando responsabilidades, integre los sistemas bibliotecarios a través de un organismo responsable de su planificación, coordinación, supervisión y control.”

Como si esto fuera poco, este organismo también olvida la existencia del artículo Nº 9 del decreto citado en el párrafo anterior, en el cual se establece que: “Las bibliotecas públicas que no satisfagan requerimientos establecidos en la Ley 9.319, obtendrán un reconocimiento provisional, y serán beneficiadas con los subsidios especiales mencionados en el inciso b) del artículo 15 de la Ley”.

Aquí debemos aclarar nuevamente que en conversaciones con las diferentes bibliotecarias entrevistadas a los fines de la realización de este trabajo, nos aseguraron que tales subsidios especiales no existen y que nunca, mientras funcionaron las bibliotecas, recibieron libros por parte de la Dirección de Bibliotecas. Además, remarcaron que el esfuerzo realizado en un principio y su posterior mantenimiento en el tiempo, se dio pura y exclusivamente por parte de particulares, con la ausencia total de este organismo.

La realidad que viven las 34 bibliotecas que se encuentran no reconocidas, demuestra que ha recaído en distintos sectores de la sociedad la tarea que solamente le compete al Estado, y es éste el que debe tomar la iniciativa en pos del desarrollo cultural de los ciudadanos, teniendo como horizonte político una sociedad más justa y equitativa.

Al respecto, Daniel Ríos afirmó que: “la historia muestra que el Estado transfirió su responsabilidad a la sociedad y ésta se hizo cargo. Aquí se resguarda un espíritu de independencia, libertad y eso está bien. Pero la responsabilidad es sólo del Estado”.

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