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Nueve de cada diez pasajeros de transporte público no está cubierto por las empresas aseguradoras


micro-11Las leyes y resoluciones vigentes permiten que estas empresas no respondan por accidentes que causen daños inferiores a los 40.000 pesos.

Por Juan Pablo Carvajal, Federico Casaletti, Maite Espondaburu, Diego Ferrazzuolo y Paula Giacobone

Cualquiera que utilice un servicio de transporte público, cuando compra un boleto lo que está haciendo es establecer un contrato con la empresa responsable. Este contrato implica que el pasajero cuenta con la cobertura de un seguro, según establece la Ley de tránsito nº 24449/95 y por el cual la empresa está obligada a responder.

Hasta aquí, todo es claro: uno paga su pasaje y queda asegurado como lo establece la Ley de transporte en su artículo 68 (ver aparte).

Sin embargo también se encuentra vigente la resolución 25429/97 promulgada por la Superintendencia de Seguros de La Nación (SSN) en 1997, cuando los más altos cargos eran ocupados por Alberto Fernández y Claudio Moroni.

Esta resolución instauró una franquicia de 40.000 pesos en relación a la cobertura del seguro por daños a terceros, transportados o no. Esto significa que cualquier compañía de seguros sólo es responsable en caso de que los daños producidos por un accidente superen dicho monto. De esta manera, las indemnizaciones en un accidente con daños menores a 40.000 pesos quedan a cargo de la empresa de transporte.

Este régimen surgió en la década del ´90. Roberto Bontempi, Jefe de Reaseguros de Copan cooperativa Ltda. explica como se estableció el actual funcionamiento de los seguros de empresas de transporte: “A partir de la debacle de los 90, en donde se empiezan a cerrar empresas, no quedaba ninguna que cubrieran los micros. Una de las pocas que quedaban era Rivadavia -con sede en La Plata-, y a los efectos de salvarla se hizo una mutual para asegurar solamente lo que es micros, colectivos de corta, media y larga distancia. Dado el gran volumen de los siniestros de autos y colectivos, se creó una franquicia. ¿Qué significa esto? Que el seguro empieza a actuar a partir de los 40.000 pesos”.

De esta manera, inexorablemente, todas aquellas víctimas de accidentes que deseen iniciar un reclamo y éste sea de un monto menor al estipulado por la franquicia, deberán reclamar directamente con las empresas de transporte. Pero el gran problema que enfrentan es que, por ley, dichas empresas no tienen ninguna obligación de pagar indemnizaciones. Bontempi lo confirma: “En todo reclamo inferior a los 40.000 pesos, tenés que ir vos a hablar con la compañía de micros, lo cual se vuelve mucho más difícil que cobrar algo de una compañía de seguros, porque el que va a reclamar 4.000 o 5.000 pesos (a las empresas de transporte) llega un momento que lo cansaron tanto que termina no reclamando, y pasan los años y prescribe la causa”.

La cifra del desamparo legal es escalofriante y preocupa a usuarios, transeúntes y automovilistas: casi nueve de cada diez accidentes protagonizados por colectivos no están cubiertos, en los hechos, por ninguna compañía de seguros. Esta situación queda al descubierto la mayoría de las veces que la Justicia prueba la responsabilidad de las empresas de transporte público en esos siniestros.

En los hechos, cada pasajero que compra su boleto y queda supuestamente cubierto por el seguro total que establece la Ley nacional de transporte, lo que obtiene, es una maraña legal que le permite a la empresa responsable, no cumplir con su parte del contrato.

Según Jacek Piechocki, abogado especialista en seguros, el 85 % de los accidentes son “menores”, es decir, terminan siendo incobrables las indemnizaciones, porque en lugar de quedar a cargo de la empresa aseguradora, pasan a ser responsabilidad de la empresa de transporte.
De esta manera, a pesar de que la ley afirme que “se deben cubrir eventuales daños causados a terceros”, en la realidad, las víctimas dependen no de la legislación sino más bien de “una serie de eventos afortunados” para poder cobrarle a las empresas de transporte. En primer término habría que esperar que la empresa fuera solvente. En otros casos, aguardar que el juez decida hacer cargo a la aseguradora de todos los costos, y luego que ella “arregle cuentas” con los empresarios transportistas. De todos modos, esto último ocurre solo en los grandes siniestros. En los accidentes inferiores al monto de la franquicia, el vacío legal es absoluto.

Un decreto menemista en el centro de la cuestión

A fines de marzo de 1997, el entonces presidente Carlos Menem, dictó uno de sus famosos decretos. El decreto 260/97 les otorgó a las aseguradoras el beneficio de poder pagar las indemnizaciones por accidentes en 60 cuotas y con un plazo de gracia de seis meses. También declaró la emergencia del sector hasta marzo del año 2000.

En este decreto, el Gobierno justificaba la emergencia del servicio público por el incremento del 20 por ciento de los juicios contra empresas de colectivos durante 1996, que totalizaban unos 27 mil por un monto de 600 millones de pesos.

También mencionaba los 9 millones de personas que viajan diariamente en colectivo y las cien mil personas que trabajan en las empresas de transporte, que se verían afectadas por una eventual suspensión del servicio.

Con la que excusa de que el sector iba a colapsar, la SSN dictó la resolución que exime a las empresas aseguradoras de pagar si los daños son menores a 40.000 pesos.

Según Piechocki: “La SSN es un organismo que nunca funcionó, es otra de las instituciones en este país que no funcionaron eso permitió que las compañías de seguros estafaran a todo el mundo, quebraran, se liquidaran. En la década del 90 se liquidaron mas 100 compañías de seguros. Es esa cosa obsoleta que habría que reformar porque nunca controló nada, por eso pasó lo que pasó.

Por su parte, Bontempi argumenta que la resolución de la SSN fue una negociación entre ambos sectores -aseguradoras y empresas de transporte-, ya que “antes de la franquicia había muchos reclamos chicos y eso golpeaba mucho a las compañías de seguros. Nosotros teníamos varias compañías que cubrían micros, pero se fueron fundiendo. Con esta franquicia, lo que se hace es que el empresario comparta los costos para no trasladarles todos los riesgos a las aseguradoras. Y esto hace que -en teoría- se maneje mejor su personal. Porque si yo tengo un chofer que choca todos los días… Es muy fácil trasladarle todo el problema a la aseguradora”, sentenció. Sin embargo, el Jefe de Reaseguros se mostró escéptico del valor de la medida adoptada en función de las víctimas: “con el cambio se buscó una concientización, que yo no sé cuando va a suceder. La víctima no tiene porqué andar pagando los problemas de las empresas”.

La maraña legal

Lo cierto es que la Ley Nacional de Transporte establece en su artículo 68 que “Todo automotor, acoplado o semiacoplado debe estar cubierto por seguro, de acuerdo a las condiciones que fije la autoridad en materia aseguradora, que cubra eventuales daños causados a terceros, transportados o no”. Y en su artículo 70 establece que su aplicación es prioritaria sobre cualquier otra norma que regule el tránsito en la república.

Pero, como ya se ha dicho, en la práctica las cosas terminan siendo contrarias a lo que marca dicha Ley y a lo que formula también la Ley de Seguros Nº 17418, cuando en su artículo 118 postula que “El crédito del damnificado tiene privilegio sobre la suma asegurada y sus accesorios, con preferencia sobre el asegurado y cualquier acreedor de éste aun en caso de quiebra o de concurso civil”. Según esta afirmación, la presentación a concurso de acreedores y posible quiebra de las empresas de transporte no debería impedir la correcta indemnización de los damnificados.

Entonces, según la resolución, los damnificados en menos de cuarenta mil pesos no están amparados por la Ley de tránsito; lo que evidentemente es ilógico.

Cabe destacar que dentro de la pirámide legal, la jerarquía de las leyes es mucho mayor.

Entonces, la resolución Nº 25429/97 dictada por la SSN, no debe -ni puede- modificar lo dispuesto por una Ley Nacional, en este caso la Nº 24449/95 de tránsito, porque una Ley está siempre por encima de cualquier resolución administrativa.

Otro elemento a tener en cuenta es la magnitud de la “franquicia” o “descubierto obligatorio” establecido por la Resolución: cuarenta mil pesos. En la práctica, y según las estadísticas obtenidas, parece importar que la mayor parte de los daños sufridos por terceros queden “sin seguro”. Al respecto, Bontempi sostiene: “El empresario de micros, que en este país no corre riesgos porque está subvencionado, no quiere que se corra la franquicia porque tendría más costos. Porque para ellos es más barato que pagar un seguro más alto”.

Un conflicto de normas y jerarquías hacen que el 85% de la gente damnificada en accidentes con transportes públicos, sobre todo en colectivos, quede sin seguro, aún habiendo cumplido su parte del contrato, pagando el boleto que corresponde por el uso de un servicio. En ese sentido, el Jefe de Reaseguros es contundente: “la aseguradora tiene el deber de transportarte sano y salvo. Vos subiste sano y salvo y tenés que llegar sano y salvo”.

Concluyendo, la SSN no puede establecer distinciones que la ley no establece. Es por esto que la primera defensa que debe oponer el damnificado ante la franquicia, es precisamente la ley.

El debate que se abre en este punto está relacionado a los gastos y el tiempo que un proceso judicial implica. Aún en situaciones en las que la Corte considere “inoponible” la franquicia a la indemnización de los pasajeros; los años que lleva un proceso legal hacen que los reclamos sean abandonados a mitad de camino, o que ni siquiera sean realizados por los damnificados.

Una vez más, la burocracia termina -en muchos casos- ganándole la pulseada a la Justicia.

Marco legal

En los artículos aquí mencionados se destaca la importancia y las características mínimas que debe contar el seguro de transporte de pasajeros.

Ley de tránsito N º 24449/95

ARTICULO 68 – SEGURO OBLIGATORIO

Todo automotor, acoplado o semiacoplado debe estar cubierto por seguro, de acuerdo a las condiciones que fije la autoridad en materia aseguradora, que cubra eventuales daños causados a terceros, transportados o no (…)
(…)Los gastos de sanatorio o velatorio de terceros, serán abonados de inmediato por el asegurador, sin perjuicio de los derechos que se pueden hacer valer luego. El acreedor por tales servicios puede subrogarse en el crédito del tercero o sus derechohabientes (…).

ARTICULO 70 – DEBERES DE LAS AUTORIDADES. Las autoridades pertinentes deben observar las siguientes reglas:

(…) En materia de juzgamiento:

1. Aplicar esta Ley con prioridad sobre cualquier otra norma que pretenda regular la misma materia (…)

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